Juicio contra HB, más leña al fuego en Euskal Herria es el texto de un artículo del comunista catalán Pep Valenzuela publicado en la página 5 del nº 670 (del 1 al 7 de Octubre de 1997) del semanario AVANT, Organo Central del Partit dels Comunistes de Catalunya. RED VASCA ROJA lo reproduce (con permiso de su autor) por la calidad periodística de su síntesis de los hechos relevantes, por la agudeza de su análisis dialéctico de la situación y por el acierto prospectivo que sólo la correcta aplicación del materialismo histórico permite hacer. Como comunistas nos sentimos orgullosos de este texto del camarada Pep.

JUICIO CONTRA HB, MÁS LEÑA AL FUEGO EN EUSKAL HERRIA

El próximo día 6 de octubre arrancará la vista del proceso judicial seguido por el Tribunal Supremo español contra toda la dirección (Mesa Nacional) de la organización política vasca Herri Batasuna (HB), organización política legal desde julio de 1986 y que cuenta actualmente con 2 diputados en el Parlamento español, 11 en el Vasco, 5 en el Navarro, 20 miembros en la Juntas Generales y 623 concejales, de los cuales 31 son alcaldes. La Mesa Nacional, máximo órgano de decisión de la organización, es elegida democráticamente por los militantes, lo cual convierte el juicio en contra de este organismo de HB en una suerte de juicio contra toda la organización.

El proceso se basa principalmente en una acusación de "colaboración con banda armada", circunstancia en la que habría incurrido la Mesa Nacional cuando a primeros del año 1996 Herri Batasuna decidió llevar a la opinión pública una propuesta de paz que la organización armada ETA había presentado al Gobierno español en 1995, conocida con el título de Alternativa Democrática, y de la cual tanto el propio Gobierno como la mayoría de medios de comunicación decidieron no hacer mucho caso e informar menos. La Audiencia Nacional decidió entonces secuestrar los videos que servían de soporte físico a la citada propuesta de paz de ETA (que ya llevaban corriendo cerca de un año sin que hubiese pasado nada) e iniciar diligencias penales contra los dirigentes de HB. Ante la prohibición, HB decidió presentar otro video más resumido como publicidad de la campaña electoral de enero y marzo del año pasado. Esta publicidad fue nuevamente prohibida. Más tarde, a la acusación que tenía como base la publicidad de este video se sumaron otras sobre supuesta apología de terrorismo implícita en dos comunicados que HB hizo públicos a raíz de la muerte de Tomás Valiente y Fernando Múgica en sendos atentados.Los miembros de la Mesa Nacional fueron detenidos y puestos en libertad provisional después del pago de fianzas.

En primer lugar, la acusación que se hace contra el organismo dirigente de HB no se sostiene jurídicamente pues la actividad realizada por la Mesa Nacional no se puede encontrar dentro del tipo penal citado de colaboración con banda armada, organización o grupo terrorista, sino que es una mera actividad de opinión en unos casos y de difundir una propuesta política en otros, propuesta que se difunde sin añadidos. De manera que, si hubiese delito alguno en este acontecer sería en contra de la libertad de expresión y la víctima, HB.

En segundo lugar, el proceso judicial, conocido como Causa Especial 840/96, se basa en la acusación ejercida por, además del Ministerio Fiscal, el PSOE, los familiares de Fernando Múgica y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y que pretende que ETA y HB habrían elaborado conjuntamente la estrategia para las elecciones generales del 3 de marzo. La pena que se pide va de los 8 años de prisión que solicita el Ministerio Fiscal, a los 22 que solicita la AVT. Las pruebas que presentan son: interrogatorio de los acusados, testimonio del director de Egin, perito-traductor, exhibición de los videos y audición de las cintas de radio y hoja histórico penal de los acusados. La defensa, por su parte, niega la acusación y ha visto rechazadas la mitad de las pruebas presentadas, así como la participación en el proceso de especialistas internacionales.

A esto hay que añadir la sistemática presión gubernamental sobre los jueces para conseguir que la resolución sea condenatoria a cualquier precio, y el desprecio de los apoyos nacionales e internacionales que ha conseguido HB en contra del procesamiento de su máxima dirección, entre los que se cuentan los nombres del premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, del líder del Sinn Féin Gerry Adams, de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, de diputados de Refundación Comunista de Italia, del PDS de Alemania, del FMLN de El Salvador; de varios diputados del Parlamento flamenco, de James Petras, Heinz Dieterich Stefan, diputados de IU y otros muchos. Además de las numerosas propuestas y llamamientos a una solución política y negociada del conflicto, entre las que destacan la de Rigoberta Menchú (premio Nobel de la Paz), Michel Rocard, exprimer ministro socialista francés, Urbano Tavares (escritor portugués), Izquierda Alternativa de Madrid (colectivo de IU), ERC, Verena Graf (secretaria general de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos)...

Hasta aquí algunas de las cuestiones técnicas y políticas que por sí solas ponen en evidencia el carácter represivo contra la libertad de expresión de determinadas opciones políticas y contra el derecho de los pueblos a ejercer la autodeterminación, y cuyo fin último es la eliminación o marginalización total de las mismas.

Pero, obviamente, este proceso no se puede entender en su dimensión real si no se tiene en cuenta que es un episodio más de un conflicto que, en su fase actual, dura ya más de 30 años. Pero hablamos de un episodio que conlleva un cambio muy importante en el carácter del conflicto y que abre una nueva fase seguramente más dura.

Después de la "solución política" que había defendido el PSOE hasta poco después de su victoria electoral en 1982, y que paradógicamente se concretó en un impulso a la guerra sucia (GAL) de la cual hemos tenido notables evidencias en los últimos años, llegamos ahora al intento de criminalización judicial de una opción política: independencia y socialismo. Si encarcelan ahora a los miembros de la Mesa Nacional, ¿meterán también entre rejas mañana a los militantes y votantes de HB?, ¿los perseguirán hasta acabar con ellos?, ¿estimulará esta persecución una solución pacífica del conflicto o, por contra, alimentará la violencia?, ¿habrá que mandar un par de banderas de la Legión?, ¿nos hará cómplices la prudencia?, ¿quién nos ayudará cuando estemos solos?

Pep Valenzuela